El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Martín Lapadú solicitó la detención de los directivos de Uber Argentina por incumplir la clausura impuesta el año pasado, una medida que la jueza de la causa rechazó debido a que los ejecutivos se presentaron ante las autoridades para aclarar su situación.
Además, reclamó que el bloqueo preventivo de la página web y la app se haga extensiva a toda la Argentina, una ampliación de la medida tomada el 22 de abril del año pasado.
Según informó la Fiscalía de la Ciudad, la jueza María Fernanda Botana hizo lugar a la petición para que las proveedora de acceso a internet bloqueen la página y la aplicación, ya que comprobaron que «hay riesgos para preservar pruebas sumamente trascendentes para la pesquisa» si no se paraliza su uso. Uber tiene tres días para apelar la decisión.
“Se pudo conocer que Uber tiene la capacidad de alterar o borrar remotamente a través de su aplicación los registros de los socios de la empresa, y esa situación representa un riesgo para la prueba, por eso el bloqueo total permitiría un resguardo mucho más efectivo de aquella”, dijo la Fiscalía.
Lapadú también solicitó detener al gerente general, Diego Mariano Oliveira, y al director ejecutivo de la filial argentina de la plataforma, Mariano Otero, porque «siguen omitiendo por completo los mandatos judiciales, continuando con la actividad ilícita».
«Hace 9 meses que los ejecutivos de la empresa se encuentran violando la clausura impuesta y continúan haciendo uso indebido del espacio público, ambas contravenciones (…) que provocan un serio peligro para la salud y seguridad de las personas», señaló la Fiscalía.
En diciembre, la Justicia denunció a Uber por evasión y lavado de dinero al considerar que la empresa sorteó los controles fiscales para evitar abonar cerca de $5,5 millones de pesos argentinos en impuestos.
En septiembre, la Justicia allanó oficinas de Uber en Argentina y domicilios de varios de sus gerentes y socios conductores, dentro de una causa en la que ya han sido imputados unos 20 trabajadores de la empresa.
La Justicia inició el proceso tras la llegada de la app al país, el 12 de abril de 2016, al entender que la actividad de Uber atentaba contra la legislación. Pocos días después ordenaron que detenga sus actividades, algo que jamás ocurrió ya que, con trabas, los usuarios pueden contratar viajes a través de la aplicación con tarjetas de crédito y débito.
