El gobierno argentino planea poner en marcha un sistema que obligará a los usuarios a dar de alta móviles fabricados fuera de Tierra del Fuego, una medida que busca frenar el creciente contrabando de celulares y que afectará al usuario final ya que será éste quien deba comprobar el origen del dispositivo.
El bloqueo solo afectará a los equipos comprados después de que la medida entre en vigencia, algo todavía no decidido ya que faltan cerrar gran cantidad de detalles.
Cómo
Todos los celulares poseen un sistema de identificación llamado IMEI, un número exclusivo para cada unidad que actúa como una especie de documento de identidad.
El IMEI sirve para bloquear, por ejemplo, celulares robados: cuando un usuario reporta el robo, el equipo pasa a una “lista negra” para que nunca ás pueda ser empleado.
La intención del Gobierno es que fabricantes e importadoras ofrezcan una base de datos con los “IMEI autorizados” y que las operadoras sean las que finalmente bloqueen los celulares con origen desconocido.
Es decir, si un usuario compró un celular en el exterior y no lo declaró, la operadora recibirá una alerta cuando se active la SIM. Para poder utilizarlo, el dueño deberá mostrar la factura y así obtener la autorización. Caso contrario, el teléfono no servirá más que para navegar por internet con Wi-Fi, escuchar música y sacar fotos.
La “lista negra enriquecida”, tal como llaman a la nueva con los IMEI de teléfonos importados sin pagar impuestos, es una variante de las denominadas “listas blancas” implementadas en Perú, México y Chile. En esos lugares sólo se pueden usar los celulares comprados en esos países, todo con el fin de frenar el contrabando, recordó Clarín.
Puntos grises
No está claro cómo será el mecanismo para autorizar la línea (cuán ágil o burocrático será), ni qué sucederá con los equipos de turistas extranjeros (o argentinos que viven en el exterior) que quieran ponerle un chip local a un teléfono comprado afuera. Ni qué pasará si no hay factura para presentar porque se compró usado en el exterior, o si deberá pagar impuestos por no haber sido declarado al momento de entrar al país, por ejemplo. Ni cómo harán para impedir la aparición de equipos «mellizos»: aunque no es sencillo, el IMEI de un teléfono puede adulterarse, recordaron en La Nación.
Por qué
La idea del Gobierno es poner la medida en práctica durante 2018 como respuesta al creciente contrabando de celulares en la Argentina, algo realizado tanto por turistas como por importadores a gran escala que logran burlar por diversas vías los controles en Aduana.
De acuerdo con la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de la Argentina (Catema), la importación por esas vías ronda en la actualidad los 3 millones de equipos al año, el doble de lo observado en 2014. Las fábricas de Tierra del Fuego despachan 10 millones de unidades anualmente.
Si bien la idea no es perseguir a los usuarios finales, sí habría acciones contra quienes traigan un teléfono sin declarar. Por ejemplo, la importación de iPhone por esa vía asciende a 300.000 equipos por año, número que ayuda a engrosar los AR$3.000 millones de evasión por contrabando en el rubro, según las estimaciones de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (Afarte).
Para demostrar que la idea es perseguir a los grandes contrabandistas y no a las compras minoristas en el exterior, analizan subir la franquicia máxima permitida de u$s300. Los montos mencionados van de u$s500 a u$s1.000.
Contexto
Las fabricantes locales no pueden competir con los bajísimos costos de importar un teléfono, que encima no pagan impuestos.
Por otro lado, tanto fabricantes como operadoras deben dar soporte a teléfonos que no vendieron de manera directa. El caso más complicado es el de los distribuidores oficiales de Apple: no venden iPhone, pero sí deben dar soporte técnico, importando componentes.
La idea final del proyecto, además de recaudar más, es bajar los precios de los teléfonos que se venden en la Argentina. La rebaja de impuestos internos a los celulares, acordada hace pocos días, y un mayor control sobre el mercado ilegal debería reducir el atractivo para el contrabando.
